Operación Vía Crucis: Fiscalía solicita prisión preventiva para imputados por corrupción en Gendarmería y Ejército

La Fiscalía de Atacama solicitó este lunes la medida cautelar de prisión preventiva para los funcionarios públicos imputados en el marco de la “Operación Vía Crucis”, investigación que indaga presuntos delitos de corrupción vinculados a procesos irregulares de adquisición de insumos en Gendarmería, el Ejército y el Servicio de Reinserción Social Juvenil (ex Sename).

La solicitud fue planteada luego de que el Ministerio Público culminara la exposición de los antecedentes que sustentan la formalización de las tres aristas de la causa. El debate sobre las medidas cautelares continuará este martes, con la intervención de las defensas de los imputados.

En el caso de los particulares involucrados, la Fiscalía solicitó arresto domiciliario total y arraigo nacional, considerando el tipo penal que se les atribuye.

Durante la audiencia, el fiscal Luis Miranda Flores expuso los antecedentes reunidos durante la investigación, desarrollada junto a las brigadas de Delitos Económicos (Bridec) y Anticorrupción (Brilac) de la PDI.

Según explicó el persecutor, la investigación se originó a partir de una denuncia reservada presentada por Gendarmería, que alertó sobre presuntos mecanismos fraudulentos utilizados en procesos de compra de alimentación para el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Copiapó.

La Fiscalía sostuvo que las indagatorias permitieron establecer cinco mecanismos de actuación irregular en cada una de las aristas investigadas, los que derivaron en la comunicación de cargos por los delitos de fraude al fisco, cohecho, asociación ilícita y lavado de activos.

De acuerdo con los antecedentes expuestos, los funcionarios públicos investigados se habrían coordinado con particulares vinculados a las empresas Comercializadora Santa María y FyF SpA para intervenir irregularmente en procesos de adquisición de insumos.

La Fiscalía indicó que este esquema habría operado de manera similar en las tres aristas, incluyendo los casos relacionados con el ex Sename y el Regimiento Logístico N°2 “Arsenales de Guerra” del Ejército.

Miranda señaló que la investigación permitió acreditar la existencia de beneficios económicos irregulares asociados a la infracción de los deberes funcionarios. Entre los imputados se encuentran cuatro funcionarios de Gendarmería que se desempeñaban en Copiapó, una funcionaria del ex Sename que trabajaba en el CIP-CRC de San Bernardo y un funcionario del Ejército.

Según la Fiscalía, los pagos detectados mediante transferencias bancarias fluctuaban entre $200 mil y $2,5 millones, recursos que posteriormente eran redistribuidos entre los involucrados. La investigación también identificó una eventual distribución de mercadería.

En paralelo, el Ministerio Público solicitó el alzamiento del secreto bancario extendido, con el objetivo de obtener nuevos antecedentes respecto de los movimientos financieros asociados a los imputados.

De acuerdo con lo expuesto durante la audiencia, el perjuicio fiscal derivado de los hechos investigados alcanzaría aproximadamente los $1.111 millones.

La jornada también estuvo marcada por la incorporación del Consejo de Defensa del Estado (CDE) a la causa, luego de que el organismo presentara una querella contra los funcionarios públicos y particulares involucrados.

La abogada del CDE, Marsella Rojas, señaló que la querella se encuentra en concordancia con los hechos formalizados por el Ministerio Público y que el organismo participará en las distintas actuaciones del proceso, incluida una eventual etapa de juicio oral.

El debate de las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía continuará este martes con la exposición de las defensas de los imputados.